El nuevo decreto exigirá un 50% de doctores en cada titulación universitaria

El Gobierno anunció el viernes 18 de septiembre que inicia la tramitación de un real decreto con nuevos requisitos para la verificación de las titulaciones universitarias. El texto se negociará con la CRUE, la conferencia que agrupa a los rectores y rectoras, y con las organizaciones estudiantiles, y se articula sobre dos exigencias: la composición de la plantilla docente que sostiene cada título y la obligación de impartirlo de forma presencial en determinados ámbitos.

El 50% de doctores deja de medirse por universidad y pasa a medirse por título

La cifra del 50% de profesorado con el grado de doctor no es nueva: ya figura en la ley que ordena el sistema universitario y quedó concretada en un real decreto aprobado en octubre del año pasado. Lo que cambia es la unidad de medida. Hasta ahora el porcentaje se calculaba sobre el conjunto de la plantilla del centro, lo que permite que la concentración de doctores en unas ramas compense su escasez en otras. El nuevo texto lo exige en cada titulación ofertada: un grado ya no podrá apoyarse en el perfil investigador de los programas vecinos.

A ese requisito se suma un segundo, de naturaleza laboral: un 40% del profesorado de cada título deberá tener contrato a tiempo completo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo presenta como una medida de doble efecto, sobre la calidad de la docencia y sobre la estabilidad de las plantillas. Para un centro que hoy cubra una titulación con profesorado asociado a tiempo parcial, es el punto que obliga a rehacer números.

La presencialidad obligatoria se concentra en los grados del ámbito sanitario

El segundo bloque exigirá presencialidad allí donde se considere necesaria, con mención expresa al ámbito sanitario. El razonamiento que el Ejecutivo ha hecho público es de mercado: la demanda de plazas en ciencias de la salud supera con amplitud la oferta pública y ese hueco se ha cubierto en parte ampliando la oferta en línea. El decreto pretende que determinadas titulaciones no puedan impartirse íntegramente a distancia, exista o no demanda insatisfecha. Medicina, Enfermería y Psicología son los grados donde el desajuste resulta más agudo.

La matrícula privada creció un 128% en una década frente al 3% de la pública

Los datos que acompañan al anuncio describen un desplazamiento sostenido. En los últimos diez años, la matrícula de la universidad pública ha avanzado un 3% y la de la privada, un 128%. En posgrado la brecha es aún más marcada: la privada ha triplicado su alumnado de máster y ya supera en volumen a la pública.

Ese crecimiento se apoya en una restricción de oferta bien documentada. En el curso 2024-2025, la enseñanza presencial pública ofertó algo más de 245.000 plazas y registró cerca de medio millón de peticiones en primera opción: en torno a dos por cada puesto disponible. Con la oferta estancada frente a una demanda al alza, las notas de corte suben y parte de los aspirantes se queda sin plaza. La respuesta anunciada por la vía de la oferta pasa por la universidad a distancia de titularidad estatal, que recibirá una partida presupuestaria adicional para crear más de 20.000 plazas nuevas hasta 2029.

Tercera norma en un año: campus, Formación Profesional y ahora títulos

El decreto anunciado es la tercera pieza regulatoria que afecta a la oferta educativa privada en menos de doce meses, y cada una actúa sobre un permiso distinto. La primera, aprobada en octubre, endureció los requisitos para crear y reconocer campus: todo proyecto universitario tiene que dedicar un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación y acreditar trayectoria investigadora en el 60% de su profesorado, además de cumplir umbrales de tamaño y de servicios, entre ellos un volumen mínimo de alumnado a seis años, un porcentaje de plazas de alojamiento y aval bancario.

La segunda es un real decreto sobre la oferta privada de Formación Profesional, anunciado en febrero y todavía en tramitación, que depende del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y alcanza tanto a academias como a los ciclos que imparten las propias universidades, una modalidad que crece con fuerza. La que ahora arranca completa la secuencia por el eslabón que faltaba: no el permiso para abrir un centro ni el de impartir ciclos, sino el de verificar cada grado y cada máster.

El calendario es el dato que falta. El anuncio abre la tramitación, pero no se ha concretado plazo de aprobación ni régimen transitorio para los títulos ya verificados. De ese detalle depende si las plantillas hay que ajustarlas para el curso que viene o para el siguiente.