Galicia fijará multas de hasta 15.000 euros por agredir a un docente

La Xunta de Galicia reformará su normativa de convivencia escolar para tipificar por primera vez las agresiones al profesorado y castigarlas con multas administrativas de entre 300 y 15.000 euros. El paquete, que el Consello de la Xunta examinó el martes, endurece también la respuesta al acoso: como regla general, el alumno que lo cometa en las etapas obligatorias tendrá que cambiar de centro.

Los cambios todavía no están en vigor. Viajarán en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2027, que tendrá que aprobar el Parlamento gallego, y modificarán la Ley 4/2011 de convivencia y participación de la comunidad educativa y el decreto que la desarrolla. La reforma se integra en el Marco gallego de impulso educativo aprobado en septiembre.

Las agresiones a docentes de la pública tendrán multas de 300 a 15.000 euros

La pieza central es un régimen sancionador propio que protegerá a los docentes de la enseñanza pública. Las multas irán de 300 euros en las infracciones leves a 15.000 en las muy graves, y serán compatibles con las responsabilidades civiles o penales que se deriven de los mismos hechos. Mientras se tramita el expediente, la Administración podrá adoptar medidas cautelares, como limitar temporalmente el acceso del agresor al centro, su participación en actividades escolares o su contacto con el docente afectado.

Con este sistema, la protección del docente deja de descansar solo en la respuesta interna del centro o, en los casos más graves, en la vía penal. La Xunta presenta la medida como pionera en España.

El acoso y el ciberacoso supondrán, por norma general, el cambio de centro

La reforma reordena las conductas contrarias a la convivencia en tres escalones, leves, graves y muy graves, frente a los dos que existen hoy. En el nivel más alto figurarán de forma expresa las agresiones, las amenazas y coacciones, la discriminación, la vejación o la humillación graves, las manifestaciones de odio, la violencia de género y sexual, el acoso y el ciberacoso, y la grabación o difusión de contenidos que dañen gravemente el honor, la intimidad o la imagen de otra persona, también cuando se hayan creado o manipulado con inteligencia artificial.

Para esas faltas se prevén suspensiones de asistencia más largas o el paso definitivo a otro grupo. En los casos de acoso y ciberacoso, la medida general será el traslado a otro centro en la enseñanza obligatoria y la pérdida de la plaza en el resto de etapas, con la posibilidad de vetar una nueva matrícula en el mismo colegio o instituto. La reincidencia agravará la calificación: una falta leve contará como grave si el alumno suma ya dos correcciones firmes por faltas leves en el mismo curso, y una grave podrá tratarse como muy grave tras dos correcciones firmes por faltas graves.

El alumnado tendrá además la obligación de avisar al profesorado o a la dirección de las situaciones de violencia o riesgo grave que conozca. Y las aulas de convivencia inclusiva, pensadas como alternativa a apartar al alumno de clase, se reforzarán con medidas para que quien cause un daño lo repare o lo compense con tareas en favor del centro.

Una oficina dará asistencia jurídica a los profesores agredidos

La Consellería ultima además la puesta en marcha de la Oficina de apoio ao profesorado, que orientará y asesorará a los docentes, con asistencia jurídica cuando sea necesaria e incluso apoyo psicológico. Atenderá agresiones, amenazas, acoso o ataques físicos y en redes sociales procedentes de familiares o representantes legales del alumnado, y acompañará al profesor si decide denunciar. Su objetivo declarado es reforzar el reconocimiento legal del docente como autoridad pública.

En el plano preventivo, la Xunta elaborará un Plan gallego de coeducación, que se aplicará de forma progresiva por etapas y con más intensidad en la educación básica. Sus ejes son la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención del acoso y de la violencia de género, el consentimiento y el uso responsable de la tecnología, con más formación para el profesorado y colaboración con las familias. Todas estas acciones se incorporarán también a la Estrategia gallega de convivencia que está en preparación.

El 88% de los encuestados no ve conflictos en las aulas gallegas o solo puntuales

El Gobierno autonómico subraya que el clima escolar es bueno y ha mejorado en la última década: según sus encuestas bienales, en torno al 88% de los consultados considera que en los centros no hay conflictos o que solo aparecen de forma puntual. La reforma se suma a actuaciones ya en marcha, como el plan autonómico contra el acoso escolar y su variante digital, la prohibición del móvil en los recintos escolares, los puntos naranja o el termómetro del acoso escolar.