Educación

Climatizar las 2.530 escuelas públicas catalanas costará 2.500 millones

El plan del Govern arranca con cien centros y 100 millones, apoya el resto en los ayuntamientos y el ICF, y fija 2031 para todo el parque público.

Beatriz Quintero ·
Climatizar las 2.530 escuelas públicas catalanas costará 2.500 millones

El Govern de la Generalitat ha puesto cifra a la climatización del parque escolar público catalán: 2.500 millones de euros para intervenir en los 2.530 centros de titularidad pública antes del curso 2030-2031. El cálculo parte de un coste medio aproximado de un millón de euros por centro y forma parte de una hoja de ruta bautizada como Pla Actualitza Clima, que el Ejecutivo autonómico llevó este martes al Consell Executiu. La primera fase ya tiene lista y presupuesto: cien centros prioritarios y cien millones de inversión directa.

Cien centros prioritarios y obras rematadas antes del curso 2028-2029

Esos cien primeros colegios se han escogido con tres criterios: la dureza del clima local, medida tanto por los veranos como por los inviernos; el reparto entre territorios; y la fragilidad del alumnado que acogen. Las obras las asumirá directamente la Generalitat a través de la empresa pública Infraestructures.cat y deberán estar terminadas antes del arranque del curso 2028-2029.

No todos los centros recibirán el mismo tratamiento. La solución preferente combina aerotermia con generación fotovoltaica, pero en algunos edificios la actuación consistirá en instalar ventilación mecánica y en otros habrá que intervenir antes en la envolvente, mejorando el aislamiento de puertas y ventanas. En paralelo, el departamento de Educación ejecuta este curso otros 20 millones destinados a ventiladores y a mejoras inmediatas del confort térmico en 392 centros.

Los ayuntamientos podrán licitar las obras y cobrar el reembolso a diez años

El grueso del plan, los 2.430 centros restantes, depende de una fórmula distinta. A partir de 2027, los entes locales tendrán dos meses para decir si prefieren ejecutar ellos mismos las obras de los centros que les pertenecen. Quien lo haga adelantará el dinero y lo recuperará después: la Generalitat se compromete a devolver el cien por cien de la inversión en un plazo de diez años, mediante convenios que fijarán caso por caso las condiciones.

Los consistorios sin músculo financiero podrán recurrir a préstamos bonificados del Institut Català de Finances. El argumento que maneja el Govern para descentralizar es doble: acelerar los calendarios y trocear el volumen de obra en contratos más pequeños, en vez de un único macrocontrato al alcance solo de las grandes constructoras. El Ejecutivo autonómico montará además una oficina técnica —con perfiles de arquitectura, derecho y economía— que dará apoyo a los consistorios y revisará los importes conforme el plan avance. En el caso de los institutos, admite que hará falta una operación de mayor envergadura, con fórmulas de colaboración público-privada.

Una cuarta parte de los edificios escolares es anterior a 1960

La antigüedad del parque es el punto de partida del diagnóstico: en torno al 26% de los centros públicos catalanes se levantó antes de 1960, con instalaciones térmicas obsoletas y sin defensas frente a veranos cada vez más largos. El plan declara tres objetivos: asegurar el confort térmico en los meses cálidos y también en los fríos, garantizar la calidad del aire interior y mejorar la eficiencia energética de unos edificios que hoy consumen mal.

La cifra de 2.500 millones es una estimación y el propio Govern lo reconoce: hay centros que ya están climatizados, aunque no se ha concretado cuántos, de modo que el importe final puede moverse. La financiación tampoco saldrá de una sola partida, sino de la combinación de inversión directa —como los cien primeros millones—, aportación municipal reembolsable y colaboración público-privada.

Cincuenta y una residencias públicas entran en el plan con 58 millones

La climatización no se detiene en las aulas. El plan suma 51 de las 87 residencias públicas, para las que se calculan 58 millones de euros, con el mismo tope de 2031. Los trabajos en esos centros arrancan de forma inmediata, según el calendario que ha fijado el departamento competente en derechos sociales.