España pedirá antes del 30 de septiembre los últimos 26.000 millones de fondos

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa enviará a la Comisión Europea, a finales de este mes, la solicitud del séptimo desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que será también el último: unos 26.000 millones de euros. La fecha no es discrecional. El reglamento de Next Generation EU marca el 30 de septiembre como tope para que los Estados reclamen oficialmente los tramos que les quedan pendientes, y España va a apurarlo hasta el final. Con ese envío se cierra la fase de peticiones del mayor programa de inversión pública gestionado en España en décadas, del que dependen convocatorias, ayudas y contratos todavía vivos en el tejido empresarial.

El tramo pendiente se compone de 21.000 millones en subvenciones y cerca de 4.500 en créditos

El desembolso queda condicionado a 148 hitos y objetivos, en torno al 30% de todo el plan. Ese porcentaje explica por qué el último pago concentra tanta atención: no es un flequillo administrativo, sino casi un tercio del programa concentrado en una sola evaluación. El plazo para cumplir esos compromisos y remitirlos venció el 31 de agosto, de modo que el margen de maniobra ya está agotado; lo que resta ahora es documentación y verificación. Una vez presentada la solicitud, la Comisión dispone de meses para examinarla, y el pago efectivo puede llegar hasta el cierre del año.

España ha cobrado 78.000 millones, el 76,5% de los 102.000 asignados

Los seis desembolsos ya recibidos suman 78.000 millones de euros: 17.000 millones llegaron como préstamos y los otros 61.000 como transferencias directas. Para cobrarlos ha habido que acreditar ante la Comisión 338 hitos y objetivos. La cifra de 102.000 millones asignados conviene leerla con perspectiva, porque sobre el papel la dotación llegó a superar los 160.000 millones. Esa diferencia no responde a un recorte impuesto desde fuera, sino a decisiones propias que se explican más abajo.

Bruselas retuvo 537 millones del quinto pago y congeló otros 626 por el compromiso de temporalidad

Presentar la solicitud no equivale a cobrarla íntegra, y los precedentes lo demuestran. De pagos anteriores siguen suspendidos 537 millones de euros por tres hitos que no se completaron, y otros 626 millones permanecen congelados por el compromiso relativo a la temporalidad en el sector público. A ellos se suman 198 millones perdidos ya de forma definitiva, vinculados al impuesto al diésel que no llegó a aprobarse. Sobre los 148 hitos de este último tramo la Comisión puede volver a suspender partidas o admitir subsanaciones, así que el importe que acabe entrando podría ser menor que los 26.000 millones reclamados.

La adenda de diciembre dejó la petición de créditos en 22.800 millones

La llamada Adenda de Simplificación, que el Consejo de Ministros sacó adelante en diciembre de 2025, redujo a 22.800 millones de euros lo solicitado en forma de crédito, aproximadamente un cuarto de la dotación entonces vigente. Renunciar a buena parte de los préstamos se asumió como un mal menor: al aligerar ese tramo y las obligaciones ligadas a él, la prioridad pasó a ser asegurar la llegada completa de los 80.000 millones en transferencias a fondo perdido. El argumento económico es que, con la prima de riesgo contenida, el Tesoro coloca deuda a menor coste que la de origen comunitario y sin condiciones asociadas. La práctica de las adendas la promovió la propia Comisión, que instó a los países con desembolsos pendientes a ajustar sus planes a lo realmente ejecutable para evitar que se desperdiciaran cuantías elevadas.

Las adendas presentadas este verano han seguido esa misma lógica: permiten canjear algunos hitos todavía sin cumplir por otros considerados más alcanzables, sobre los que Bruselas ha certificado un impacto equivalente en transición ecológica y digital. Es un ajuste de forma que mantiene la ambición declarada del plan sin comprometer el calendario.

El programa completo rozaría el 9% del PIB si el pago llega sin descuentos

Ese es el orden de magnitud que está en juego en la evaluación de los próximos meses. Para las empresas, la lectura práctica es de calendario más que de retórica: el ciclo de las convocatorias financiadas con fondos europeos entra en su tramo final y la ejecución del dinero ya comprometido pasa a ser el asunto relevante, por delante de la captación de nuevas partidas. Para las administraciones que gestionan esas líneas, la evaluación del séptimo pago fijará además el precedente sobre cuánta tolerancia admite Bruselas en el cumplimiento de hitos cuando ya no queda plazo para corregir.