Las inspecciones a plataformas disparan a 47.143 los falsos autónomos regularizados

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social cerró 2025 con 858,27 millones de euros en propuestas de sanción, un 58,6% más que los 541 millones del ejercicio anterior, y con 47.143 falsos autónomos dados de alta como asalariados, más de seis veces los 7.234 de 2024. Son las dos cifras que más destacan del informe anual del organismo, publicado el miércoles, que recoge 1.206.028 actuaciones en 427.495 centros de trabajo pertenecientes a 306.609 empresas.

Las sanciones propuestas suben un 58,6% con un 5,2% más de actuaciones

La actividad inspectora creció mucho menos que su resultado económico. Las actuaciones aumentaron un 5,2% sobre las 1.146.680 de 2024, mientras que el importe de las sanciones propuestas, ligado a 208.500 infracciones detectadas, se disparó. Para las arcas públicas pesa todavía más otra partida: los expedientes liquidatorios por cuotas impagadas a la Seguridad Social alcanzaron 1.212,3 millones, un 28,8% por encima de los 941 millones de un año antes.

Fruto de esas visitas y requerimientos, 96.194 personas que trabajaban sin estar dadas de alta, o con una figura que no era la suya, fueron dadas de alta en la Seguridad Social, un 71% más que las 56.106 de 2024. El desglose es de 48.450 trabajadores sin alta, 47.143 falsos autónomos y 601 falsos becarios, casi el triple que el año previo. A esas altas el organismo suma 16.788 trabajadores a tiempo parcial cuya jornada aumentó más de un 50% o pasó a ser completa, 18.655 extranjeros empleados sin autorización para trabajar, con 187,7 millones en sanciones propuestas, y ocho personas afectadas por un ERTE a las que se seguía ocupando. En total cuenta 131.645 empleos aflorados.

Los falsos autónomos regularizados pasan de 7.234 a 47.143 con las mismas inspecciones

El salto no se explica por un mayor esfuerzo inspector en esta materia. La memoria registra 10.445 actuaciones sobre falsos autónomos en 2025, frente a 10.299 en 2024: prácticamente las mismas, con un resultado seis veces mayor. La diferencia está en dónde se pusieron. El organismo atribuye el aumento, sobre todo, a las inspecciones a plataformas digitales de implantación nacional, que cuando recurren a esta fórmula lo hacen con un número elevado de trabajadores, y el reparto a domicilio figura entre los sectores más vigilados. La cifra es la más alta desde que arranca la serie, en 2018.

El conflicto de fondo sigue abierto en los tribunales, y la memoria lo detalla. Desde marzo de 2023, cuando la Ley de Empleo eliminó el procedimiento de oficio ante la jurisdicción social, son los juzgados de lo contencioso-administrativo los que deciden primero si el vínculo entre una plataforma y sus repartidores es laboral o mercantil. Los juzgados centrales de ese orden han respaldado a las empresas, pero la Audiencia Nacional ha revocado sus sentencias en dieciocho recursos: considera que la relación es laboral y confirma las liquidaciones de cuotas, aunque anula las multas porque, cuando se cometieron las infracciones, había una duda jurídica razonable. La Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas han recurrido en casación, así que la última palabra corresponderá al Tribunal Supremo.

Las cartas a las empresas convierten 70.163 contratos temporales en indefinidos

La otra novedad del ejercicio es el uso del cruce masivo de datos para que las compañías corrijan irregularidades sin necesidad de visita. Con la Herramienta de Lucha contra el Fraude, la Inspección remitió comunicaciones a empresas pidiéndoles convertir contratos temporales y fijos discontinuos en indefinidos ordinarios, y esa primera fase se saldó con 70.163 transformaciones. Un plan de choque con el mismo método sobre la contratación a tiempo parcial logró que 18.804 contratos ampliaran su jornada. Una regla específica para detectar bajas indebidas por no superar el periodo de prueba acabó en sanciones propuestas por 459.587 euros.

Para sostener ese volumen, la plantilla del organismo sumó 92 personas, hasta 3.681. El buzón de denuncias anónimas originó 11.824 actuaciones finalizadas, y los inspectores ordenaron en 76 ocasiones paralizar obras o tareas por un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores.